La Justicia de La Plata embargó por casi $4.000 millones contra los Mazzacane en una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal.
La causa judicial contra el clan Mazzacane en La Plata tiene una cifra central: casi $4.000 millones embargados. La medida, dictada por la Justicia federal, busca asegurar el recupero de activos en una investigación por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.
La magnitud económica de la causa que involucra a Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane y Juan Manuel Mazzacane quedó expuesta en una cifra que impacta por sí sola: $3.965.225.508. Ese es el monto del perjuicio estimado al fisco nacional y, a la vez, la base sobre la cual la Justicia avanzó con embargos millonarios.
La decisión fue tomada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, a pedido de la fiscal María Laura Roteta, en el marco de una investigación que apunta a un entramado societario destinado a evadir impuestos y vaciar patrimonialmente a la firma principal del grupo.
Embargos por casi $4.000 millones
Como parte de las medidas cautelares, el juzgado ratificó embargos sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias pertenecientes a las personas humanas y jurídicas investigadas.
El objetivo de estas medidas es claro: garantizar el recupero de los activos y asegurar el eventual cobro de la deuda tributaria que, según la investigación, fue generada a lo largo de varios años mediante maniobras irregulares.
Los embargos alcanzan a Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane, Juan Manuel Mazzacane, Mónica Videla y Eduardo Gómez, además de distintas sociedades vinculadas, con Quilmes Tolosa S.A. como eje del entramado.
Una investigación por evasión tributaria e insolvencia fiscal
La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuyo titular en La Plata es Ignacio González, tras detectar inconsistencias en los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024.
A partir de allí, la fiscalía reconstruyó el funcionamiento del grupo económico y detectó maniobras como la omisión de registrar operaciones, el uso de contabilidad paralela, la transferencia de bienes a otras sociedades y el desvío de flujos financieros.
Según la hipótesis judicial, el esquema habría funcionado durante al menos una década —entre 2014 y 2024— con el objetivo de generar o agravar la insolvencia fiscal de la empresa principal y así evitar el pago de impuestos.
El monto investigado supera ampliamente los umbrales establecidos por la ley N°27.799 de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025, por lo que el caso no se encuentra alcanzado por esa normativa.
El rol de Quilmes Tolosa y el alcance del caso
El centro de la investigación es Quilmes Tolosa S.A., distribuidora de bebidas ubicada en el barrio Hipódromo de La Plata, en calle 34 entre 120 y 121. La empresa, fundada en 1964, abastece a La Plata, Ensenada y Berisso.
De acuerdo con la Justicia, la firma habría sido utilizada como núcleo de un esquema que combinó actividad comercial formal con circuitos paralelos, lo que derivó en una deuda fiscal millonaria cuya ejecución se habría intentado obstaculizar mediante el vaciamiento patrimonial.
La investigación incluyó allanamientos en los que se secuestró documentación contable, financiera y societaria, además de dinero en efectivo, y contó con la intervención de organismos especializados como la PROCELAC, la SIFRAI y la Dirección General de Recuperación de Activos.
La defensa de los Mazzacane y su respuesta
Desde la defensa de Hugo y Gastón Mazzacane, a cargo de los abogados Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón, se rechazaron las imputaciones y se cuestionó la magnitud de las medidas adoptadas por la Justicia.
Según sostuvieron, la investigación se centra en el no pago de determinadas posiciones impositivas, pero indicaron que, tras las fiscalizaciones de ARCA, algunas deudas fueron canceladas y otras regularizadas mediante planes de pago que se encuentran vigentes y en cumplimiento.
En sus presentaciones ante el juez Alejo Ramos Padilla, afirmaron que la reestructuración societaria fue legal y tuvo como objetivo sostener la actividad comercial de la empresa, de la que dependen 150 familias.
Además, calificaron el procesamiento y los embargos como “una exageración”, advirtieron que no se valoraron pruebas aportadas por la defensa y plantearon que la nueva ley de inocencia fiscal y la prescripción de ciertos períodos deberían ser consideradas, argumentos que forman parte de la apelación presentada.