Escuelas privadas de educación especial advierten sobre retrasos en pagos y aranceles congelados y apoyan la Emergencia en Discapacidad para seguir.
Las escuelas de gestión privada que brindan educación a estudiantes con discapacidad manifestaron su preocupación ante la falta de actualización de los valores que regulan sus aranceles. En este contexto, desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) expresaron su respaldo al proyecto de ley que busca declarar la Emergencia en Discapacidad.
“Lo que está en juego no es una partida presupuestaria, sino la posibilidad real de inclusión para chicos y chicas con discapacidad”, señalaron desde AIEPA, que nuclea a más de cien servicios educativos especializados.
Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA, explicó que existe un desfase superior al 70% entre los aranceles vigentes y la inflación acumulada. “Mientras nuestros costos, como los salarios docentes, siguen actualizándose, nuestros ingresos permanecen congelados”, advirtió.
Además, la Superintendencia de Servicios de Salud demora hasta 90 días en liquidar las prestaciones, lo que dificulta aún más el pago de sueldos, servicios e insumos esenciales. Según AIEPA, esta combinación de factores ha dejado a muchas escuelas al borde del colapso financiero.
Desde la entidad advirtieron que la problemática no se limita a las escuelas especiales. Muchos alumnos con discapacidad que asisten a instituciones comunes requieren apoyos como maestros integradores, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos y psicopedagogos. “Estos profesionales están desbordados o directamente no pueden trabajar por falta de condiciones mínimas”, expresó Giorgi.
También detallaron que el conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles. Esa medida, sumada a los atrasos crónicos en los pagos y la inflación, ha forzado a muchas instituciones a reducir servicios o evaluar su cierre.
AIEPA advirtió que las instituciones ya operan con déficit estructural. “Las actualizaciones siempre quedaron por debajo de la inflación y el deterioro se fue acumulando. Las escuelas sobreviven haciendo malabares financieros”, remarcaron.
En caso de que no avance la ley de Emergencia, alertan que las escuelas seguirán sin poder afrontar sus costos operativos, con riesgo de cierre y pérdida de puestos de trabajo para docentes y personal especializado. Pero, sobre todo, lo que está en peligro es el derecho a una educación digna para miles de niños y jóvenes con discapacidad en todo el país.