Una funcionaria judicial de La Plata imputada por manejos irregulares con billeteras virtuales. La investigación salpica a la Procuración de Julio Conte-Grand.
Una funcionaria judicial fue imputada en La Plata por una investigación que la vincula con el manejo irregular de billeteras virtuales. Se trata de una integrante de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, organismo a cargo de Julio Conte-Grand. La causa expone nuevas sombras sobre el sistema judicial de la provincia.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que se vio afectada por las maniobras sospechosas de la funcionaria. La damnificada, madre de un hijo discapacitado y beneficiaria de ANSES, perdió su asignación social luego de que se detectaran movimientos de dinero incompatibles con su situación económica. Los sabuesos avanzan en la pesquisa, mientras no se descartan nuevos testimonios de posibles víctimas.
Los hechos denunciados ocurrieron en noviembre de 2024, cuando la funcionaria imputada, quien trabaja en el Patronato de Liberados, le ofreció a la denunciante la suma de 80 mil pesos a cambio de la apertura de cuentas en billeteras virtuales. La maniobra, según fuentes judiciales, resulta incompatible con los deberes de su cargo dentro del Ministerio Público Fiscal.
Las pesquisas revelaron que la acusada citaba a sus “clientes” en un bar cercano al Fuero Penal de La Plata. Testigos aseguran que en el lugar “había cola de gente que se ofrecía para abrir cuentas en billeteras virtuales a cambio del dinero”. Este dato refuerza la hipótesis de que la funcionaria podría haber encabezado una operatoria de mayor magnitud que aún se está investigando.
Por el momento, la causa no tiene una calificación penal definida, ya que podría tratarse de delitos como estafas, lavado de dinero o alguna otra figura delictiva vinculada con el uso irregular de herramientas financieras digitales.
Posibles nuevas víctimas en La Plata
La investigación ya cuenta con dos presuntas víctimas que declararon ante la fiscalía y no se descarta que puedan surgir nuevos testimonios. “No sabemos la cantidad de personas que pudieron haber sido utilizadas para este tipo de maniobras”, indicaron fuentes judiciales. La sospecha de que más ciudadanos hayan sido perjudicados refuerza la gravedad del caso.
Este nuevo escándalo se suma a una serie de situaciones que han generado descrédito sobre el Poder Judicial de La Plata. En los últimos años, la ciudad ha sido escenario de resonantes casos de corrupción, como la investigación denominada “La banda del juez”, que involucró a magistrados y abogados en presuntas maniobras delictivas.
Otro episodio que sacudió al sistema judicial fue la intervención de la UFI 4, entonces a cargo del exfiscal Fernando Cartasegna, quien fue apartado por denuncias de graves irregularidades. Además, la desaparición y posterior hallazgo del expediente vinculado con la búsqueda del estudiante de Periodismo Miguel Bru es otro ejemplo de la crisis institucional que afecta la credibilidad de la Justicia.
Un sistema bajo la lupa
El caso de la funcionaria imputada reaviva las críticas a la Procuración General, que en los últimos años ha sido objeto de cuestionamientos por su desempeño en la administración de justicia. La dependencia que encabeza Julio Conte-Grand ya estuvo en el centro de la escena por diversas polémicas, y esta investigación podría convertirse en un nuevo capítulo en la crisis de confianza en la Justicia provincial.
Mientras tanto, la fiscal Betina Lacki avanza con la recolección de pruebas y testimonios, con conocimiento del Juzgado de Garantías 6 de la capital provincial. El devenir de la causa determinará si la funcionaria enfrentará cargos más graves y cuál será el impacto que este caso tendrá en la estructura judicial bonaerense.