Marcelo Romero, referente del ala dura y actual funcionario, suena como el elegido para ejecutar la reforma migratoria inspirada en el modelo de Estados Unidos.
El Gobierno nacional avanza en silencio pero a paso firme con un decreto que transformará por completo la Dirección Nacional de Migraciones y, el nombre que más fuerte circula en la Casa Rosada para conducir esa transición es el del exfiscal de instrucción de La Plata, Marcelo Romero, un funcionario de perfil duro, histórico defensor de las políticas de mano firme y hoy integrado al equipo de seguridad nacional.
Mientras el Ejecutivo ultima los detalles técnicos de la reforma, se consolida el diagnóstico político: la nueva estructura migratoria necesitará conducción con impronta operativa, alineada con los estándares de seguridad exigidos por el acuerdo que la Argentina firmó con Estados Unidos para ingresar al Programa Visa Waiver y en ese casillero Romero encaja a la perfección.
De acuerdo con fuentes oficiales, el decreto que prepara el Gobierno apunta a convertir a Migraciones –tradicionalmente un ente administrativo– en un organismo con capacidad de acción directa, con una policía propia habilitada para detener personas con alertas, antecedentes o irregularidades en los puntos de ingreso al país. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) seguirá actuando, pero el Ejecutivo quiere evitar superposiciones. De esta manera, la nueva fuerza migratoria no absorberá funciones de esa fuerza, sino que trabajará en paralelo, enfocada en la verificación, el control y la ejecución de expulsiones.
“Forma parte de lo que venimos hablando con el Homeland Security”, explican en la Rosada. El presidente Javier Milei ya había dejado clara esa orientación cuando firmó en julio un entendimiento con el gobierno norteamericano para que la Argentina avance hacia el régimen de exención de visas. Ese acuerdo incluyó condiciones de seguridad fronteriza, requerimientos para la Aduana –bajo la órbita de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que conduce Juan Pazo– y la necesidad de fortalecer el sistema de control migratorio.
En mayo, el Gobierno ya había endurecido el acceso a la salud y educación, los criterios de residencia y las causales de expulsión mediante otro decreto que impuso declaraciones juradas obligatorias y prohibiciones de reingreso por al menos cinco años. La reforma que viene es, en términos oficiales, el capítulo operativo: cómo se ejecutará ese nuevo régimen.
Marcelo Romero, el elegido para ejecutar el nuevo sistema
En despachos oficiales confirmaron que Romero –exfiscal penal de La Plata, figura polémica y de discurso frontal– es uno de los nombres que analiza la ministra de Seguridad para la conducción de la nueva estructura migratoria. Desde su paso por la Fiscalía de Instrucción platense cultivó un perfil de tolerancia cero al delito y actualmente integra áreas clave de Seguridad. Su desembarco en Migraciones buscaría darle músculo operativo al organismo en un momento donde, según fuentes del Gobierno, “la prioridad es el control de antecedentes y el rechazo en frontera”.
No es la primera vez que Romero queda bajo la lupa pública. En 2017 debió defenderse de acusaciones de “excesos verbales” y un estilo considerado por algunos sectores como estigmatizante. En aquel entonces, sin embargo, rechazó las acusaciones: “No utilizo eufemismos”, sostuvo en declaraciones recogidas por Letra P. Su eventual designación, en ese marco, aparece como una señal de la línea que el Gobierno quiere imprimir: orden, control y firmeza.
Una Dorección de Migraciones con poder de detención
La creación de una policía migratoria con facultades de detención abre un debate inevitable: ¿se trata de una nueva fuerza federal? En la Casa Rosada lo niegan, aunque reconocen que el organismo tendrá funciones actualmente inexistentes. El desafío será coordinar con la PSA y evitar superposiciones operativas. También será clave definir el alcance de la fuerza migratoria en aeropuertos, fronteras terrestres y pasos fluviales.
Fuentes del Ejecutivo señalan que ya existe un plan de articulación en el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, integrado por Migraciones, la PSA, la Aduana y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que será reforzado para elevar estándares y evitar solapamientos.
Otro punto será el respaldo jurídico: abogados del Gobierno trabajan para que el decreto tenga “blindaje legal” y soporte eventuales impugnaciones.
Con el decreto en etapa final y con el acuerdo Visa Waiver como paraguas político, en el Gobierno apuran las definiciones. La decisión sobre quién conducirá el nuevo Migraciones se tomará en los próximos días, pero el nombre de Marcelo Romero ya circula en conversaciones internas como el indicado para aplicar una reforma que cambiará de raíz el control migratorio argentino.
De confirmarse, será el desembarco de un exfiscal platense en uno de los puestos más sensibles para la relación con Estados Unidos, el control de fronteras y la seguridad interior. Una señal clara de hacia dónde quiere ir la Casa Rosada.