fentanilo contaminadoEl Ministerio de Seguridad acusó al laboratorio de presentar un certificado municipal falso para operar con fentanilo. Rosario será querellante.
La causa judicial por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado sumó nuevos actores y un frente penal paralelo contra HLB Pharma, el laboratorio señalado por funcionar de forma ilegal. El Ministerio de Seguridad, realizó una denuncia en Comodoro Py acusando a la empresa de haber presentado una certificación falsa en un trámite ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre).
Según la presentación, HLB Pharma intentó inscribirse para operar con sustancias químicas controladas, pero adjuntó un documento supuestamente emitido por la Municipalidad de San Isidro que, tras ser verificado, fue desmentido por el propio municipio.
De acuerdo a documentos oficiales, San Isidro confirmó que no emitió la constancia presentada por la firma el 18 de diciembre de 2023. HLB Pharma funcionó dentro de ese municipio entre marzo de 2013 y mayo de 2025 con una Autorización Provisoria de Funcionamiento. En 2024, recibió varias intimaciones para subsanar documentación técnica, incluyendo planos coincidentes, protocolos de seguridad contra incendios, señalización de emergencia y manejo de residuos especiales.
Más querellantes en la causa original
En paralelo, la investigación que tramita desde hace meses en el juzgado federal de Ernesto Kreplak, en La Plata, sumó nuevos querellantes. Entre ellos, la Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Salud de la Nación y el grupo empresario que comandan Carlos Tita y Oscar Ruffinengo -vendedores de la droguería Alfarma a los hermanos Ariel y Damián García Furfaro-.
Lo llamativo, según fuentes judiciales, es que algunos organismos, como el Ministerio de Salud -que incluye a la ANMAT, ente regulador de medicamentos- podrían tener un rol más cercano al de explicar lo sucedido que al de acusar, pero igualmente fueron aceptados como querellantes.
La denuncia del Ministerio de Seguridad abre así un capítulo judicial separado, que podría incluso derivar en discusiones sobre jurisdicción, mientras la Justicia investiga no solo el origen de las dosis de fentanilo que provocaron las muertes, sino también el funcionamiento y habilitación del laboratorio implicado.